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Finalizado el Mundial de Fútbol y concluido el receso de invierno en los tribunales, se reactivan las causas judiciales contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, mientras se aguardan también definiciones judiciales en Estados Unidos.
Existen al menos media docena de expedientes penales que involucran a la cúpula de la AFA, que van desde una causa por evasión agravada, en la que ambos están procesados, hasta investigaciones por la compra de una mansión en Pilar y el manejo de fondos en el exterior a través de TourProdEnter LLC, empresa vinculada a Javier Faroni.
Estos expedientes se encuentran en diferentes etapas y se espera que durante la segunda mitad del año se produzcan avances significativos y resoluciones fundamentales.
El caso más complejo es el de la evasión de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales, correspondientes a sumas que la AFA pagó fuera de plazo. El gobierno nacional de Javier Milei, a través de la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA), denunció a la entidad. Por este motivo, Tapia y Toviggino están procesados por el delito de apropiación indebida de tributos agravado.
La Cámara en lo Penal Económico ratificó el procesamiento y la prohibición de salida del país para ambos dirigentes, medidas dictadas inicialmente por el juez Diego Amarante. Esta decisión habilita a avanzar hacia la etapa de juicio oral, aunque aún quedan cuestiones pendientes por resolver.
Entre ellas, la situación procesal de otros tres acusados: Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo. Estos dirigentes fueron sobreseídos por la Cámara, pero luego se les dictó la falta de mérito, por lo que su situación continúa en análisis. Asimismo, permanece pendiente la situación de Tapia.
El procesamiento de éste se confirmó debido a que su defensa apeló fuera de plazo, por lo que la Cámara no consideró sus argumentos. Sin embargo, sus abogados solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que se ordene el análisis de su planteo, situación que aún está a la espera de resolución.
De aceptarse el recurso presentado por Tapia ante Casación, se evaluarán sus argumentos. En los tribunales se genera expectativa sobre este punto, ya que la Cámara había desvinculado del caso a Malaspina, Lorenzo y Blanco argumentando que no les correspondía la responsabilidad del pago de impuestos, tarea atribuida a Toviggino como tesorero. Tapia sostiene una posición similar, alegando que no se encargaba de abonar los tributos, aunque se destaca que él poseía la clave fiscal de la AFA.
Paralelamente, en la misma causa se investiga el presunto uso de facturas apócrifas por parte de la AFA para simular gastos inexistentes mediante empresas ficticias. Esta denuncia, también presentada por ARCA, ha motivado diversas medidas de prueba, como análisis de dichas compañías, movimientos bancarios y requerimientos de informes a entidades financieras.
Otro expediente relevante se refiere a la compra de una mansión en Pilar, con una extensión de 105 mil metros cuadrados, que cuenta con helipuerto y un galpón donde se encontraron 54 vehículos de lujo y una colección valuada en más de 20 millones de dólares. La propiedad está registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, quienes no poseen ingresos declarados que justifiquen esa inversión.
Se sospecha que el verdadero propietario es Toviggino, dado que en la casa se encontraron un bolso y una plaqueta con su nombre, y que los autos tenían cédulas azules —que autorizan su manejo— a nombre de familiares del tesorero. Además, los pagos de los peajes electrónicos (Telepase) de los vehículos se efectuaban mediante una tarjeta corporativa de la AFA registrada a nombre de Pantano.
Esta causa, iniciada en diciembre pasado, ya pasó por cuatro jueces y aún no se ha definido qué juzgado continuará la investigación. Para resolver esta cuestión, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 12 de agosto.
La defensa de Pantano y Conte solicita que el caso vuelva al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Sin embargo, todos los fiscales intervinientes han considerado que la investigación debe continuar en la justicia Penal Económico, donde actualmente está a cargo de la jueza Verónica Straccia y donde la Cámara Penal Económico ordenó que prosiga la causa. Casación, sin embargo, habilitó una nueva instancia de discusión.
Otro conjunto de causas involucra a TourProdEnter LLC, la empresa extranjera gestionada por Faroni y su esposa, Erica Gillette, que administró fondos de la AFA en el exterior. Se sospecha de irregularidades y desvíos millonarios hacia empresas vinculadas a Toviggino.
Estos hechos se investigan en diversas jurisdicciones: justicia nacional de instrucción, fuero Penal Económico, tribunales federales de Lomas de Zamora y juzgado de Campana. Cada una aborda diferentes delitos o aspectos del caso, aunque todas las fuentes coinciden en que estas investigaciones deberían unificarse en una sola causa, ya que la dispersión está dificultando el avance.
